Compañeros: Este artículo que le subo tiene que ver con un problema muy común en nuestra realidad y que es motivo de constante lucha desde SADOP, y es el trabajo en negro y en situaciones precarias en los jardines de infantes privados. La falta de control estatal sumada a la precariedad que requieren para la habilitación hacen que sea muy dificil la lucha contra este flagelo. La presente noticia es de Mendoza pero refleja cosas similares a las que suceden en nuestro medio.
12/07/2007 - Actualidad educativa En Mendoza, las guarderías están a la cabeza del ránking de trabajo en negro Los jardincitos que tienen todo en regla se quejan de “los otros” que desprestigian al sector.
Recién recibida y sin muchas posibilidades de obtener un cargo titular, María E. (25) aceptó trabajar en un jardincito privado. Dos horas diarias por cien pesos al mes; en los papeles sólo estaba inscripta legalmente la dueña. La “casita” -refaccionada para la ocasión- tenía las conexiones al alcance de los chicos, los juegos del patio significaban un peligro constante y no contaba con aulas suficientes para la gran cantidad de niños que atendía. “Jamás volvería a ejercer en un lugar así”, se confiesa la maestra.
En Mendoza, las mal llamadas guarderías proliferan sin más control que el edilicio que realizan los municipios a cualquier comercio que abre en su geografía. Ni siquiera responden a la esfera de la Dirección General de Escuelas. La existencia o no de un proyecto pedagógico depende de la voluntad de los propietarios. A este mapa del desamparo se suman los resultados de las inspecciones de Trabajo, que muestran que estos jardines son las instituciones educativas donde hay más empleo en negro.
La situación no es nueva y todos los sectores coinciden con la urgencia de superar este vacío legal. Se esperaba que la Ley provincial de Educación (aplicada a medias) hiciera algo al respecto. Hoy es más difícil entender esta negligencia, pues la nueva ley nacional sostiene la atención a la primera infancia como uno de sus principales desafíos. En la Legislatura provincial descansa un proyecto que propone sumar estos jardines al sistema educativo, pero aún no hay novedades.
El jardincito donde ejercía María cerró al poco tiempo y meses después abrió con otro nombre y en otro sitio. Si bien en Mendoza hay instituciones con largos años de trayectoria, también las hay inestables e -incluso- algunas que inauguran sin siquiera tener la habilitación municipal.
Esto hace que los padres transiten un largo camino antes de optar por una institución. Erika visitó varios locales y recopiló comentarios para decidir a qué jardín delegaría el cuidado de su hija Ornella. “En uno me impactó la falta de higiene, otro no me gustó por el trato docente, en otro que me regatearan el precio”, expuso la joven mamá.
“Es un negocio donde se trabaja mucho con la confianza y nos molesta que haya guarderías que funcionen sin habilitación ni seguro, porque nos perjudican al resto”, expresó Adrián del jardín Disney.
IrregularidadesLa secretaria general de Sadop (sindicato de docentes privados), María Elina Escot, denunció que “por lo general, los casos irregulares se dan en empresas familiares, donde trabajan tres o cuatro chicas que están estudiando o dan sus primeros pasos en la docencia. Ellas cumplen un rol docente, pero como no tienen título a veces les pagan menos o las tienen en negro”.
La situación es ratificada por las inspecciones que realiza la Subsecretaría de Trabajo. Humberto López, el jefe del área, sostuvo que “las guarderías es donde encontramos más trabajo en negro”. Pese a que se esfuerzan para reforzar los controles en todas los rubros, el funcionario señaló que la lucha contra el empleo informal tiene un largo camino por delante.
“A la tercera maestra que cambiaron en el año, dije esto es cualquiera y saqué a mi hijo. Después encontré otro jardín más serio”, contó Paula Gallo. Por su parte, Laura expuso que ella prefiere “pagarle 700 pesos a una niñera, antes que dejar a su pequeña Malena en sitios que no le inspiran confianza”.
Lo cierto es que las actuales rutinas familiares han mantenido este comercio en alza. Con cuotas que van de los 80 a más de 200 pesos, los prestadores de este servicio crecen en variedad (materias especiales, comedor, servicios) y cantidad. Sólo en Capital hay 31 jardines privados habilitados, 35 en Godoy Cruz y cerca de 60 en Guaymallén.
Los municipios no tienen ingerencia en lo educativo, únicamente controlan la seguridad y condiciones edilicias de los jardines maternales. Las exigencias para su inscripción son iguales a cualquier comercio, sólo algunos piden que la persona responsable presente un título habilitante. Al respecto, algunas comunas han dado un paso más, como Luján y Godoy Cruz, que emitieron ordenanzas especiales para la primera infancia.
“Para iniciar, los trámites que se exigen son los básicos. El año pasado se aprobó una ordenanza, que sumó requisitos especiales para los locales infantiles: presentar proyecto pedagógico, cómo disponer la cocina y sanitarios, sacar artefactos de posible peligro, separar a los niños por edades”, explicó Martín Ramírez, director de Fiscalización e inspección general de Godoy Cruz.
Fuente: Los Andes
Recién recibida y sin muchas posibilidades de obtener un cargo titular, María E. (25) aceptó trabajar en un jardincito privado. Dos horas diarias por cien pesos al mes; en los papeles sólo estaba inscripta legalmente la dueña. La “casita” -refaccionada para la ocasión- tenía las conexiones al alcance de los chicos, los juegos del patio significaban un peligro constante y no contaba con aulas suficientes para la gran cantidad de niños que atendía. “Jamás volvería a ejercer en un lugar así”, se confiesa la maestra.
En Mendoza, las mal llamadas guarderías proliferan sin más control que el edilicio que realizan los municipios a cualquier comercio que abre en su geografía. Ni siquiera responden a la esfera de la Dirección General de Escuelas. La existencia o no de un proyecto pedagógico depende de la voluntad de los propietarios. A este mapa del desamparo se suman los resultados de las inspecciones de Trabajo, que muestran que estos jardines son las instituciones educativas donde hay más empleo en negro.
La situación no es nueva y todos los sectores coinciden con la urgencia de superar este vacío legal. Se esperaba que la Ley provincial de Educación (aplicada a medias) hiciera algo al respecto. Hoy es más difícil entender esta negligencia, pues la nueva ley nacional sostiene la atención a la primera infancia como uno de sus principales desafíos. En la Legislatura provincial descansa un proyecto que propone sumar estos jardines al sistema educativo, pero aún no hay novedades.
El jardincito donde ejercía María cerró al poco tiempo y meses después abrió con otro nombre y en otro sitio. Si bien en Mendoza hay instituciones con largos años de trayectoria, también las hay inestables e -incluso- algunas que inauguran sin siquiera tener la habilitación municipal.
Esto hace que los padres transiten un largo camino antes de optar por una institución. Erika visitó varios locales y recopiló comentarios para decidir a qué jardín delegaría el cuidado de su hija Ornella. “En uno me impactó la falta de higiene, otro no me gustó por el trato docente, en otro que me regatearan el precio”, expuso la joven mamá.
“Es un negocio donde se trabaja mucho con la confianza y nos molesta que haya guarderías que funcionen sin habilitación ni seguro, porque nos perjudican al resto”, expresó Adrián del jardín Disney.
IrregularidadesLa secretaria general de Sadop (sindicato de docentes privados), María Elina Escot, denunció que “por lo general, los casos irregulares se dan en empresas familiares, donde trabajan tres o cuatro chicas que están estudiando o dan sus primeros pasos en la docencia. Ellas cumplen un rol docente, pero como no tienen título a veces les pagan menos o las tienen en negro”.
La situación es ratificada por las inspecciones que realiza la Subsecretaría de Trabajo. Humberto López, el jefe del área, sostuvo que “las guarderías es donde encontramos más trabajo en negro”. Pese a que se esfuerzan para reforzar los controles en todas los rubros, el funcionario señaló que la lucha contra el empleo informal tiene un largo camino por delante.
“A la tercera maestra que cambiaron en el año, dije esto es cualquiera y saqué a mi hijo. Después encontré otro jardín más serio”, contó Paula Gallo. Por su parte, Laura expuso que ella prefiere “pagarle 700 pesos a una niñera, antes que dejar a su pequeña Malena en sitios que no le inspiran confianza”.
Lo cierto es que las actuales rutinas familiares han mantenido este comercio en alza. Con cuotas que van de los 80 a más de 200 pesos, los prestadores de este servicio crecen en variedad (materias especiales, comedor, servicios) y cantidad. Sólo en Capital hay 31 jardines privados habilitados, 35 en Godoy Cruz y cerca de 60 en Guaymallén.
Los municipios no tienen ingerencia en lo educativo, únicamente controlan la seguridad y condiciones edilicias de los jardines maternales. Las exigencias para su inscripción son iguales a cualquier comercio, sólo algunos piden que la persona responsable presente un título habilitante. Al respecto, algunas comunas han dado un paso más, como Luján y Godoy Cruz, que emitieron ordenanzas especiales para la primera infancia.
“Para iniciar, los trámites que se exigen son los básicos. El año pasado se aprobó una ordenanza, que sumó requisitos especiales para los locales infantiles: presentar proyecto pedagógico, cómo disponer la cocina y sanitarios, sacar artefactos de posible peligro, separar a los niños por edades”, explicó Martín Ramírez, director de Fiscalización e inspección general de Godoy Cruz.
Fuente: Los Andes
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